España da un paso decisivo en la lucha contra el desperdicio alimentario con la aprobación de su primera ley específica en esta materia: la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
Esta normativa, largamente esperada, responde a un problema de gran calado que afecta no solo a la eficiencia del sistema agroalimentario, sino también a la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la salud económica del país.
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