29/03/2021
Cuando parecía que el esfuerzo innovador español comenzaba a remontar tras la crisis económico-financiera de 2007, con indicadores que animaban al optimismo, sobre todo centrados en el incremento de la apuesta del sector privado por la inversión en I+D+i frente a la inversión pública, la pandemia de la Covid-19 parece que puede haber provocado una caída muy importante de esta actividad en 2020, con una incidencia importante en el desarrollo y competitividad del país.
En este sentido, el Informe anual de COTEC constituye el indicador más realista y objetivo de la actividad I+D+i de España, pero habrá que esperar unos meses hasta conocer los datos del año 2020. Lo que sí parece seguro es que una parte muy importante del sector empresarial y, sobre todo, de determinados subsectores, han finalizado el ejercicio 2020 con una caída importante de su facturación y, por tanto, de sus resultados empresariales y que esta situación ha venido acompañada de una reducción importante de la inversión en I+D+i de nuestras empresas. Sin duda, el 2021 va a ser un año todavía complicado para muchas de estas empresas y la recuperación de la inversión innovadora podría ser lenta, en función de la recuperación de la economía española y europea y de la de nuestras empresas.
Y el reto estará, por tanto, en volver a la situación pre-Covid que queda reflejada en el Informe Cotec referido al año 2019. Este será el objetivo de España para los años 2021-2022, que debería situar esta apuesta innovadora en I+D en el entorno de los 15.500 M€ alcanzados en el año 2019, lo que permitió situar la ratio de gasto I+D frente al PIB en un 1,25% del PIB, un 4,2% superior al año anterior que se situó en el 1,24% pero todavía lejos del 1,40% alcanzado en 2010, techo histórico en España.
Por lo tanto, venimos de una situación en la que el sector empresarial representó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D con un 56%, es decir, el 0,7% del PIB, seguido por el sector de la Enseñanza Superior con un 26,6%, el 0,33% del PIB. A nivel de Comunidades Autónomas, el gasto más importante se llevó a cabo en el País Vasco (1,97% del PIB), Madrid (1,71% del PIB) y Navarra (1,67% de PIB), mientras que, a la cola, se encuentran las Baleares (0,4% del PIB), Canarias (0,47% del PIB) y Castilla La Mancha (0,59% del PIB).
Por otra parte, se debe destacar el incremento en el personal empleado a jornada completa en actividades I+D, que en 2019 superó las 231.000 personas, con un aumento del 2,5% respecto a 2018. De esta cantidad, 144.000 personas corresponden al colectivo de investigadores del que un 40% fueron mujeres, aunque en las empresas este porcentaje supone apenas un 32%. Sin duda, este es el potencial fundamental que garantiza la actividad innovadora en los agentes del ecosistema de Innovación, y más teniendo en cuenta que la legislación española dispone de un mecanismo óptimo para que estas entidades se beneficien de las reducciones en la liquidación mensual de seguros sociales de estos perfiles profesionales que permite el RD 475/2014.
Desde ACERTA consideramos que este último es probablemente uno de los incentivos fiscales más inmediatos y potentes que existen, constituyendo una fortaleza de nuestro sistema de innovación cuyo uso, en momentos de crisis y dificultades, tiene todavía mayor sentido para no mermar la capacidad I+D de empresas y centros de investigación. Dicho incentivo cobra todavía mayor importancia en las clasificadas como pymes innovadoras que unen a éste la propia deducción fiscal por la disponibilidad de personal investigador y la generada por su participación directa en proyectos de I+D o de innovación tecnológica. En momentos de crisis como los que estamos viviendo, aprovechemos todos los mecanismos legales de retorno financiero para garantizar la recuperación y competitividad de nuestras empresas sin disminuir nuestra actividad I+D+i.